Articles de divulgació jurídica
En una reciente sentencia de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ha rectificado la doctrina que venía manteniendo hasta entonces respecto al hecho de que la responsabilidad de pagar el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad a un trabajador
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Cuando se tiene una vivienda (o local de negocio) alquilada y el arrendatario (inquilino) ha dejado de pagar las rentas pero no abandona la finca, no cabe otra alternativa, si se quiere recuperar la posesión de la vivienda, que iniciar un procedimiento judicial denominado
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Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado, en fecha del pasado 8 de abril, una muy interesante sentencia relativa a la prohibición contenida en la mayoría de legislaciones, y en el supuesto concreto hace especial referencia al contenido del Codi Civil
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El pasado 17 de febrero de 2016 la Audiencia Provincial de Cantabria dictó una curiosa sentencia en la que confirmaba (por si hacía falta hacerlo) que un padre no puede pleitear contra su hija para intentar modificar la pensión de alimentos establecida en una sentencia de divorcio.
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Déjenme que, de entrada, escriba un lamento sobre lo difícil que es ser abogado en este país. Porque a la “diarrea” legislativa que padecemos, con normativas que emanan de las innumerables administraciones que nos someten a su control, debemos añadirles las vacilantes y, en ocasiones incluso contradictorias, sentencias de nuestros más altos tribunales, que forman doctrina y/o jurisprudencia que, casi nunca, es unánime. Y el abogado, le guste o no, debe sumergirse en este maremágnum normativo a riesgo, en muchas ocasiones, de ahogarse por olvidos, lógicos desconocimientos o cambios de última hora en planteamientos que, hasta aquel momento, se consideraban inamovibles.
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Una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo, concretamente de 24.11.2016, establece la posibilidad de que se pueda dejar de pagar los plazos adeudados a la financiera por la compra de un automóvil cuando este es defectuoso.
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Después de todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos parece indudable que, en este país, la banca, con la anuencia del poder político, ha estado abusando indefinidamente de los ciudadanos.
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La crisis económica, y fundamentalmente la del sector de la construcción, puso en tela de juicio un impuesto que hasta aquel momento parecía incuestionable: la denominada plusvalía municipal, que perciben los Ayuntamientos en las transmisiones (sean del tipo que sean: compra venta, herencia, donación, etc.) de bienes inmuebles y que, técnicamente, debería gravar el incremento de valor de los terrenos urbanos.
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